En los últimos años, hemos sido testigos de la alarmante infiltración del crimen organizado y el narcotráfico en toda la estructura del Estado. Los medios de comunicación han informado sobre la participación de ciertos elementos de la fuerza pública, como policías y militares, en actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Es perturbador descubrir que incluso altos rangos como generales, coroneles, tenientes coroneles y mayores han acumulado patrimonios millonarios debido a su involucramiento en casos como el de Metástasis. Además, jueces, fiscales y políticos de alto nivel también se han visto envueltos en el crimen organizado. Es evidente que la corrupción juega un papel fundamental en el desarrollo de estas actividades delictivas. Lo que resulta aún más indignante es el hecho de que el sistema de seguridad y las políticas de silenciamiento y persecución se dirijan hacia aquellos funcionarios que denuncian y exigen recursos para fortalecer sus instituciones. Esta persecución proviene de los altos mandos, quienes alegan que se está violando los reglamentos, directivas institucionales o se está yendo en contra de la buena imagen institucional, doctrina y la disciplina. La corrupción ha tenido un impacto significativo en el sistema de seguridad y en las políticas de silenciamiento y persecución de funcionarios. En primer lugar, la corrupción ha debilitado las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el orden público, ya que ha socavado la confianza ciudadana en ellas. Cuando los ciudadanos perciben que las instituciones encargadas de protegerlos están involucradas en actividades delictivas, se genera un sentimiento de desconfianza y rechazo hacia dichas instituciones. La corrupción crea redes de complicidad y lealtades entre los funcionarios corruptos. Estos grupos pueden tener un gran poder e influencia dentro de las instituciones de seguridad, lo que dificulta que se tomen acciones enérgicas contra ellos. Los altos mandos pueden estar involucrados en la corrupción ellos mismos o tener relaciones estrechas con aquellos que lo están, lo que genera conflictos de intereses y los lleva a proteger a los funcionarios corruptos en lugar de sancionarlos. Es así que en los procesos de investigación administrativa contra los delincuentes uniformados, se crean tecnicismos para evitar que sean desvinculados los corruptos, amigos íntimos de los altos funcionarios. Mientras que contra los funcionarios honestos que exigen recursos y denuncian actos de corrupción, a ellos se les sanciona y desvincula de la institución, ¡ahí no hay tecnicismos!